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La fortuna de “la Terraza” quedó embargada

POR NELSON MATTA COLORADO Y DIEGO ZAMBRANO BENAVIDES

“Estamos ante la extinción de dominio más grande en la historia de Medellín contra una banda criminal”. Así lo aseguró ayer el alcalde Federico Gutiérrez, cuando informó acerca de las 378 propiedades sobre las cuales tomó posesión el Estado por estar vinculadas con el grupo delincuencial organizado (GDO) “la Terraza”.

Los bienes fueron avaluados en más de $400.000 millones y estaban a nombre de cabecillas, familiares y testaferros. El operativo que permitió dar este golpe fue bautizado como Amonet y fue desplegado tras seis meses de investigación por parte de la Fiscalía y la Dijín de la Policía.

Las rentas criminales, producto de homicidios, extorsiones, desplazamientos, narcotráfico y otras actividades delictivas permitieron a “La Terraza” la adquisición de 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades.


Importancia del golpe

El alcalde Gutiérrez señaló que si hay algo que desestabilice a las organizaciones criminales, es cuando les afectan las rentas con las que delinquen y con las cuales ostentan su poderío.

“No se trata solo de capturas, sino de ir detrás de la plata de las estructuras. Esto sí que les duele”, expresó.

Agregó que un golpe de estos sirve también para que la gente comprenda hacia dónde van los dineros de la droga, cómo la camuflan en la economía local y, observó, el momento en el cual empresarios que se unen a las bandas (sirviendo como intermediarios para el lavado de activos) dejan de ser comerciantes y se convierten en delincuentes.

Por otro lado, indicó Gutiérrez, el operativo puede animar a las víctimas de grupos ilegales como “la Terraza” para que denuncien contando cómo les fueron arrebatadas sus propiedades, que al final pasan a pertenecer a los jefes de las estructuras, en algunos casos, con procedimientos ilegales en notarías.

Para dimensionar el poderío de la criminalidad basta con ver que entre los 378 bienes con fines de extinción de dominio destacan cuatro edificios en el centro de Medellín, dos de ellos de 16 pisos y uno a una cuadra de la Estación de Policía de La Candelaria.

Estos inmuebles, que fueron sellados ayer, pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, manifestó que, pese al renombre que tiene “la Terraza, esta es una organización que viene en declive.

“Este golpe afectará todos los tentáculos que tiene no solo en Medellín sino en otros municipios de la región”, dijo.

Las lujosas propiedades que le fueron arrebatadas a la estructura criminal, observó el general Camacho, permitirán que los bajos mandos o los sicarios se den cuenta de la comodidad de quienes los dirigen mientras ellos arriesgan su vida.


GDO de vieja data

“La Terraza” surgió en Manrique, comuna 3 de la capital antioqueña, en la década de los 80. Desde su origen estuvo vinculada al sicariato y narcotráfico y fue aliada, en un principio, del cartel de Medellín.

No obstante, luego se sumó a la persecución de Pablo Escobar formando parte de “los Pepes”. Tras la muerte del capo (1993) formó alianza con el paramilitarismo. Tanto así que uno de sus principales líderes fue el extraditado Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”.

Según la Fiscalía, este GDO fue perfilado para acometer delitos como el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, el homicidio de dos investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la muerte del humorista Jaime Garzón.

Jorge Iván Avendaño, profesor de Investigación Criminal de la Universidad de Medellín, agregó que entre 1998 y 2000 “la Terraza” fue responsable de al menos 10 asesinatos a investigadores de la Fiscalía.

Antes de 2004 la banda estuvo a punto de desaparecer por pugnas internas; sin embargo, ese año surgió una “segunda generación” con influencia en sectores de Medellín como Manrique y Aranjuez, al mando de “la Oficina” y cabecillas como Mauricio Alberto Zapata Orozco, alias “Chicho”.

Este sujeto, que fue uno de los afectados con el golpe asestado ayer por las autoridades, paga actualmente una condena de seis años en la cárcel La Picota de Bogotá. En el operativo de extinción de dominio también perdieron sus propiedades otros jefes como “Chivo” “Guasón”, “Tombolín”, “Keiler”, “Pichi Gordo” y “Cerdo”.

Incluso uno de los afectados es el jugador de fútbol Andrés Felipe Cadavid, pues una camioneta y una empresa de su propiedad están entre los bienes embargados (ver recuadro inferior).

“Los golpes los vamos a seguir dando hasta el último día de gobierno. Espero que el próximo alcalde no pare esta lucha contra las bandas criminales porque hay que liberar a Medellín de estas mafias”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

EN DEFINITIVA

Si bien los 378 bienes ya fueron ocupados y golpearon a “la Terraza”, ahora sigue interponer la demanda de extinción de dominio ante un juez y el veredicto podría tardar hasta cinco años.


No es el fin de “la Terraza”

El profesor Jorge Iván Avendaño expresó que esta estrategia de perseguir las rentas criminales es la acertada porque ataca la liquidez para delinquir. Estas acciones permiten judicializar a quienes están al servicio de los jefes como testaferros de sus bienes, explicó, dándoles una apariencia de legalidad.

“Los GDO no están interesados si cae un alias u otro, estas estructuras tienen como su mayor bien el dinero. Ahora bien, el Estado debe usufructuar esas propiedades en beneficio social o para reforzar las fuerzas del orden”, subrayó.

Aún así, el docente no cree que este sea el fin de “la Terraza” o que la banda esté en declive. Su concepto es que el crimen no se debilita. “Buscarán otra salida, otras rentas. Les afecta profundamente, pero es un solo tentáculo, uno que se pudo hacer visible. Falta poner en evidencia otros que no se han identificado”.

Para evitar que en poco más de siete meses, concluyó Avendaño, esta estructura recupere los recursos perdidos, la persecución no debe dar tregua porque el peor error es creer que el crimen está derrotado.


CONTEXTO DE LA NOTICIA


ABOGADO DE CADAVID DICE QUE SU CASO NO TIENE QUE VER CON LA BANDA

“Andrés Cadavid no tiene nada que ver con la banda ‘la Terraza’”, aseveró su abogado Mauricio Beltrán, en respuesta a la operación contra esa banda en la que las autoridades incluyeron tres bienes del jugador del DIM: un carro, una camioneta Ford Edge y el establecimiento El Viejo Oeste, que ofrece el servicio de polígono, cursos para manejo de armas y venta de accesorios de tiro. Beltrán criticó la manera en que las autoridades presentaron el caso ante la prensa, pues a su juicio mezclaron expedientes diferentes. “El embargo (de los dos vehículos y la compañía) fue la semana pasada, y la Alcaldía revolvió una cosa con la otra. Ese embargo fue solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ejército con el tema de los salvoconductos; en esa investigación se menciona a El Viejo Oeste, y por eso tomaron esta medida cautelar”, dijo.

A mediados de 2019 estalló un escándalo sobre corrupción en el Ejército, por la supuesta existencia de una red de militares que manipulaba la venta de armas y la expedición de permisos para el porte, con el propósito de favorecer a las bandas, entre ellas “la Terraza”. La investigación, en etapa de indagación preliminar, puso la lupa en la Cuarta Brigada, por hechos de 2016 y 2017. Una de las hipótesis es que en esa red estarían involucrados locales de tiro, al parecer favorecidos con licencias firmadas por los uniformados sospechosos. Para ese momento, la empresa pertenecía a dos socios: Andrés Cadavid y Alexánder Giraldo.

La compañía apareció de nuevo mencionada en una investigación el 22/5/18, cuando en las afueras del local unos sicarios hirieron a bala a Mauricio Zapata (“Chicho”), cabecilla “la Terraza” y uno de los perjudicados con el decomiso de bienes en la Operación Amoret. En ese ataque, una esquirla lesionó a un administrador del polígono.

En entrevista con este diario, el pasado 29 de julio, el futbolista declaró: “No conozco a ese señor (‘Chicho’). Esos hechos no fueron adentro del negocio, por eso ni siquiera me llamaron de la Fiscalía”.

Respecto al expediente sobre la trama de corrupción de los militares, el abogado Beltrán precisó que el ente acusador no ha vinculado a su cliente como persona natural, “eso está cerrado, él no está involucrado ni como imputado ni como testigo. Pero la Fiscalía quiso tomar esas medidas cautelares sobre la sociedad comercial, mientras avanza en el caso”. Tras el embargo de los tres bienes, la Fiscalía tiene seis meses para decidir si interpone una demanda de extinción de dominio ante un juzgado. “Andrés tiene derecho al debido proceso, demostraremos que esos bienes los consiguió de manera legal con el dinero que ha ganado como futbolista”, acotó Beltrán.


Tomado de: www.elcolombiano.com

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