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El desplazamiento forzado no tuvo cuarentena en Medellín

La mayoría de los casos de desplazamiento se presentaron en Manrique y las comunas del occidente. FOTO: CAMILO SUÁREZ

Entre marzo y abril, cuando buena parte de los medellinenses estaban en la primera fase —la más estricta de la cuarentena— 467 personas salieron desplazadas de sus casas hacia otras zonas de la ciudad, la mayoría por presiones asociadas a grupos criminales, advirtió la Personería.

Ese fenómeno, conocido como desplazamiento intraurbano, llevó a esta agencia del Ministerio Pública a enviar una alerta a la Alcaldía, con el fin de que se garanticen los derechos a la vida y seguridad de esas personas.

El personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, aclaró que la alerta se produjo porque aunque la cantidad de casos de desplazamientos se redujo en 64 % este año respecto a 2019, el hecho de que las familias tengan que huir en medio de una pandemia y con condiciones de aislamiento obligatorio, es preocupante.

“No deja de llamar la atención, que entre los meses de marzo y mayo, en plena cuarentena estricta y obligatoria, 467 personas de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, fueron afectadas por este flagelo que vulnera todos los derechos constitucionales de los ciudadanos” dijo Vivas.

En lo que va de 2020, de acuerdo con el Sistema de Información de la Personería, se han recibido 293 declaraciones de desplazamiento (se hace un reporte por caso). “Tenemos entonces 1.146 personas las que han tenido que dejar sus casas del 1 de enero al 30 de junio de 2020 por presiones de extorsión, desplazamiento o conductas ilegales”, agregó Vivas.

En aumento

Diego Herrera Duque, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, confirmó que la reducción en los reportes de desplazamientos forzados intraurbanos es superior a 67 % pero dijo que “uno esperaría que en una cuarentena como la que pasamos, no hubiéramos tenido casos”.

La Alcaldía, aclaró, tiene dos equipos: el sistema municipal de derechos humanos y el de atención y reparación a las víctimas, que activan una ruta de atención cada vez que se conoce de un desplazamiento, bien sea a través de la Personería (declaración) o de la Fiscalía (denuncia).

“Estas personas ven vulnerados sus derechos a la vida, la integridad personal, la seguridad, entre otros. Hay acompañamiento psicosocial, representación judicial cuando el desplazamiento se da después de un homicidio (la familia de la víctima tuvo que dejar su hogar, por ejemplo). Además se activa una atención y protección para que no queden en la calle”, dijo.

Hasta la fecha, la Subsecretaría ha recibido reportes de 177 hogares conformados por 590 personas, que tuvieron que desplazarse entre enero y mayo. Para junio, con la apertura económica, se observó además un aumento en los casos.

Por lo menos la mitad de esos registros ocurrieron en dos zonas de la ciudad: Manrique y el occidente, en especial San Javier y parte de San Cristóbal, de acuerdo con el reporte oficial. “Allá tenemos fenómenos de confrontación armada. En el occidente lo asociamos a extorsión para los casos de San Cristóbal, La América y Robledo; mientras que en San Javier está más asociado a amenazas”, agregó Herrera.

Un líder comunal del barrio Belén Rincón, que pidió reserva de su identidad, confirmó que dos familias de su barrio fueron desplazadas. “Eran los papás de dos muchachos de 15 y 21 años que los encontraron muertos y embolsados (sus cuerpos fueron abandonados en costales y bolsas plásticas en vía pública). Unos dicen que los querían reclutar y no se dejaron, y otros que fue una revancha de combos”, dijo.

El subsecretario Herrera dijo que con la reapertura económica, la Alcaldía intensificó las acciones en varios programas que le apuntan a prevenir estos hechos violentos que terminan con el desplazamiento forzado. Entre ellos hay comités y mesas de trabajo para problemáticas como la trata de personas, las violencias sexuales, la instrumentalización de menores de edad y la desaparición forzada, con énfasis en las mujeres.

Información tomada de: www.elcolombiano.com

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